Esta área estratégica ha sido un botín político de los diferentes regimenes. Según la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la adjudicación de contratos para empresas estatales extranjeras será directa. Esto significaría que el Gobierno contrate sin concurso de licitación. Tema de conflicto para varios actores del sector pero que en la Asamblea Nacional no preocupa. Las críticas apuntan a que la propuesta: ‘no es transparente, elimina la posibilidad de comparar mejores precios, no garantiza la ejecución de un proyecto y contradice a la Constitución del Estado’. Sin embargo, el legislativo ya pasó el primer debate del proyecto de Ley, en el cual no se vislumbró ningún cambio al respecto. Así, en primera instancia, este punto de la Ley quedaría en contradicción a la Ley jerárquicamente superior. Esto porque “uno de los principios de la Carta Magna es el de la transparencia, entonces obviamente las adjudicaciones sin licitaciones no implican nada de transparencia”, explica Luis Calero, analista petrolero. Por su parte, René Ortiz, miembro del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (Fopec), expone que lo más grave de “un proceso de contratación a dedo, sin pasar por la calificación previa, es que no garantiza la ejecución de un proyecto y tampoco su continuidad”. Situación en la que el Ecuador ya tiene experiencia. “Hay ejemplos. Haber entregado a dedo el proyecto de la Isla Puna a Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) significó el abandono del campo, que la compañía se haya llevado la torre al campo Sacha. En definitiva no cumplió el contrato y no hay quién continúe con el proyecto”, ejemplificó Ortiz.