La extensión por 15 años de un contrato petrolero entre el gobierno de Guatemala y la compañía francesa Perenco generó polémica en el país y ya una apelación judicial en curso. Por un lado se encuentran organizaciones ambientalistas que empezaron a interponer recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (máximo órgano judicial guatemalteco) para detener la entrada en vigencia de la prórroga del contrato, suscrito originalmente en 1985 y que vencía el 13 de agosto próximo. Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), interpuso un recurso de amparo ante la Corte, que solicitó al gobierno que informe sobre qué bases fundamentó la extensión del contrato. El presidente Álvaro Colom renovó el viernes por 15 años el contrato de explotación petrolera en la selva del Petén (norte, en la frontera con México y Belice), pese al abrumador rechazo de grupos ambientalistas y cívicos. Colom justificó la decisión argumentando que la compañía contribuirá al sostenimiento de seis destacamentos militares en la zona y que las regalías por cada barril extraído irán a las municipalidades del área, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas y a planes de reforestación. Incluso tres ministros de Colom se opusieron a la medida: los titulares de Interior, Carlos Menocal; Ambiente, Luis Ferraté; y Cultura, Jerónimo Lancerio, estimaron que la extensión del contrato afectaría el entorno y el equilibrio ecológico del área. "La decisión atenta contra la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala, así como contra el entorno ambiental y el equilibrio ecológico", sostuvo Menocal en una carta publicada el martes en el diario oficial, después del acuerdo gubernativo 214-2010 que extiende el contrato a Perenco.