La aparición de los fríos en esta temporada invernal expuso crudamente lo que ya tiempo atrás se preveía. Los remedios improvisados para subsanar la crisis de abastecimiento de gas ya no fueron suficientes. Sectores importantes de la industria quedaron desabastecidos y paralizados, lo mismo que el llenado de garrafas y tanques domiciliarios de gas licuado. Tampoco fue suficiente haber suprimido totalmente las exportaciones de gas a Chile, ni haber aumentado al máximo las compras a Bolivia a precios elevados, ni haber hecho funcionar las centrales eléctricas con combustibles líquidos alternativos más caros y contaminantes, ni haber instalado buques gasificadores alimentados con el costoso gas licuado importado para inyectar ese fluido en la red. El Gobierno da prioridad al uso domiciliario. Sin embargo, la caída de presión en amplias zonas expuso dramáticamente que la situación también llegó a los hogares. Se estima que para regularizar el abastecimiento en los días de mayor consumo se habrían necesitado unos 30 millones de metros cúbicos adicionales, además de todas las sustituciones ya implementadas. La crisis del gas llegó confirmando los pronósticos de técnicos del sector que el Gobierno descalificaba como "agoreros". Hay cuestiones que están regidas simplemente por la física y la aritmética, y ésta era una de ellas. En épocas anteriores, los problemas de abastecimiento de gas en invierno estaban ocasionados por limitaciones puntuales en la red de gasoductos o en las redes de distribución de las grandes urbes. La presente crisis encuentra no sólo esas limitaciones, sino también una caída global de la producción de gas del país. Esto a su vez ha obedecido a una política deliberada de retrasos tarifarios, que, desde 2002, con la declaración de la emergencia económica, pretendió amortiguar los efectos inflacionarios de la devaluación instrumentada a la salida de la convertibilidad. El virtual congelamiento de los precios del gas en boca de pozo desalentó completamente las inversiones en exploración y desarrollo. Mientras los productores de gas en la Argentina han recibido en estos años entre 1,5 y 2 dólares por millón de BTU, los de otros países logran entre dos y tres veces ese precio. Una política similar castigó el precio local del petróleo crudo, asociado habitualmente a la producción de gas.